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lunes, 25 de junio de 2018

Victor Almonacid valora la normativa para que empresas, funcionarios y profesionales colegiados se relacionen con la administración solo de forma electrónica

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El Consell ha aprobado la modificación parcial del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. El objetivo es adaptar la legislación a la normativa estatal (Ley 39/2015, de 1 de octubre). En concreto, se realizan cambios en los artículos 44.2 y 60.6.

El Decreto 220/2014 es una norma previa a la aprobación de la Ley 39/2015 que entra en colisión con la misma en algunos aspectos. Al ser la ley de rango superior al decreto y de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas, la Generalitat debe adaptar su legislación para cumplir con la ley estatal.

De esta forma, se actualiza el artículo 44.2 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre para cumplir con el artículo 14 de la Ley 39/2015.

La modificación establece que el uso del registro telemático pasa a ser obligatorio para las personas jurídicas (empresas), entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, asociaciones o sociedades civiles), quienes ejerzan actividad profesional que requiera colegiación como notarios y registradores, así como empleados públicos que estén obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

Además, se modifica el artículo 60.6 para adecuarlo al artículo 16.5 de la Ley 39/2015. Así, se establece que ya no se destruirán los originales y las copias auténticas en papel, sino que, una vez generadas las copias electrónicas, estos documentos en papel, o en cualquier otro apoyo, se devolverán a la persona interesada.

Con ello, nuestro compañero Victor Almonacid nos aporta su visión y resumen de dicha reforma "una esperada reforma del Reglamento de Administración electrónica de la Comunitat Valenciana (2014) que, en realidad, se encontraba ya reformada e incluso parcialmente derogada de forma implícita por su vinculación jerárquica y competencial a una Ley básica del Estado aprobada con posterioridad (Ley 39/2015)." Almonacid también ha indicado que "la reforma reglamentaria se refiere directamente a la obligación de determinados sujetos de relacionarse por medios electrónicos con la Administración, así como a la devolución de los originales en papel que ya dispongan de su versión electrónica por medio de la digitalización y la generación de una copia auténtica, que es la que se incorporará al expediente. Por lo demás, las continuas alusiones de la norma valenciana a las derogadas Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Ley 11/2007, de 22 de junio, debemos entenderlas como realizadas a la citada Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común (y en algunos casos a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico)."

Como valoración final, Almonacid aseguraba que se trata de una reforma positiva, si bien probablemente se ha dejado escapar de nuevo la oportunidad de ir un paso por delante, y no por detrás, del Estado en materia de administración electrónica, un Estado que en breve aprobará el nuevo Reglamento de desarrollo de las leyes de procedimento y régimen jurídico cuyo texto, en algunos puntos ciertamente avanzado, volverá a desbordar el régimen jurídico establecido en el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana.