María Escamilla Faus
viernes, 18 de febrero de 2022

ARTÍCULO DE OPINIÓN - La inocentada a los habiltados nacionales

Esta semana la vicesecretaria de COSITAL Valencia, María Escamilla, ha reflexionado en el diario Las Provincias sobre la última modificación de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Te invitamos a leer el artículo haciendo click aquí o en el texto que te dejamos más abajo.

LA INOCENTADA A LOS HABILITADOS NACIONALES
La figura de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local ha sido protagonista, sin pretenderlo, de múltiples noticias de prensa a raíz de la aparición de la Disposición Final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, que modifica «por la puerta de atrás» nada más y nada menos que la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Concretamente modifica el régimen jurídico de los Funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito del País Vasco.

La modificación pretende la asunción, solo para el ámbito territorial del País Vasco, de prácticamente todas las competencias sobre la Escala que hasta el momento recaen en el Estado, destacando la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes en su ámbito territorial, la asignación de primer destino y las situaciones administrativas. Con esta modificación se crea una especie de 'habilitación vasca'.

Estos empleados públicos tienen reservadas por la Ley el ejercicio de una serie de funciones en todas las Entidades Locales de España, cuyo cumplimiento, en condiciones de igualdad en todo el territorio, justifica la existencia de un régimen jurídico propio y común, para garantizar que su ejercicio se realiza con suficiencia técnica, independencia y objetividad.

Estos funcionarios son seleccionados mediante procesos selectivos convocados y resueltos por órganos de la Administración General del Estado y pueden acceder a puestos en entidades locales de todo el territorio del Estado -salvo Navarra, comunidad respecto de la cual nunca las ha tenido históricamente-. Si bien, ahora, tras la entrada en vigor de la LPGE de 2022, habrá que añadir otra excepción a éste régimen de selección: el País Vasco.

Y viendo las noticias que esta última semana han aparecido en gran parte de los periódicos catalanes, puede que no tardemos en añadir otra excepción: Cataluña.

Sin entrar en cuestiones de política territorial, que en ningún caso es el objeto ni la intención de estas líneas, lo que no se puede dejar pasar es que una cuestión como la 'desmembración' de un cuerpo de funcionarios públicos de habilitación nacional, que llevan a cabo unas funciones de gran relevancia en todos y cada uno de los Ayuntamientos, se lleve a cabo de este modo, sin ningún tipo de análisis sosegado, meditado y fundamentado jurídicamente, sin dar audiencia al colectivo afectado, sin estudiar las consecuencias que para la defensa de la legalidad, la lucha contra la corrupción y la fiscalización del gasto público, puede suponer tal decisión.

Y es que ahora, desde Cataluña ya se está pidiendo un «cuerpo catalán de habilitados» al estilo del País Vasco y no nos causa sorpresa, ¿por qué no lo va a tener Cataluña si lo tiene el País Vasco? ¿Y por qué no Galicia? ¿Y por qué no la Comunidad Valenciana?

Y no es que no se pueda cambiar el modelo, obviamente en un Estado de Derecho y siempre en el marco Constitucional es legítima cualquier modificación legislativa, pero no de cualquier manera y a cualquier precio.

Ahora bien, una cosa es completamente cierta y quizá ha contribuido a que las Comunidades Autónomas estén buscando soluciones, con mayor o menor acierto y es que faltan habilitados nacionales. Como publicaba la prensa recientemente, la convocatoria de nuevas plazas es urgente para no entorpecer la gestión municipal. Esto es una realidad.

Urge crear un cuerpo estable de opositores en todo el territorio, que el Estado convoque más plazas y que estas se cubran. Sin privilegios entre autonomías y sin potenciar las desigualdades entre territorios. No podemos más que pensar que la propuesta presentada es una inocentada a todos los habilitados nacionales