15
junio
2017

“La Ley lo permite”

Por Vanesa Felip, Presidenta de COSITAL Valencia y Secretaria General de Ayuntamiento

 


Los funcionarios con habilitación de carácter nacional somos funcionarios de carrera seleccionados por el Estado que desarrollamos nuestras funciones en entidades locales. Desempeñamos funciones reservadas, ejerciendo un control de legalidad y del gasto público. Fiscalizamos por tanto, la actuación del político, con una clara incidencia en la gestión eficiente de los recursos públicos.
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Para ello la normativa nos exige la obtención de una titulación superior y la superación de unas pruebas de selección, en las que acreditamos un nivel de conocimientos suficiente para la realización de esas funciones reservadas, y otras que podamos desempeñar en el marco de nuestro puesto de trabajo.

Nuestro sistema de selección y la movilidad de que gozamos es una de nuestras mayores garantías para desarrollar nuestro trabajo con imparcialidad e independencia.

Sin embargo, la normativa que nos regula prevé, en determinados casos ante la ausencia de habilitado, que el Presidente de la entidad local- en el caso de un ayuntamiento, el Alcalde- pueda nombrar con carácter accidental, a uno/a de sus funcionarios o funcionarias, que se encuentre suficientemente capacitado/a, para desempeñar las funciones reservadas a personal funcionario con habilitación de carácter nacional.

No voy a entrar a señalar las garantías que establece la ley para que estos supuestos sean excepcionales y limitados en el tiempo, porque lo cierto es que estas garantías no impiden que haya personas que, sin haber superado el correspondiente proceso selectivo y sin la titulación correspondiente, se mantengan durante años realizando las funciones que la ley reserva a los habilitados nacionales.

Esta posibilidad se prevé, al menos, desde 1994 (Real Decreto 1732/1994), ya que la norma anterior, (el Real Decreto 731/ 1993, de 14 de mayo), regulaba este tipo de nombramiento pero exigía al funcionario/a estar en posesión de la titulación exigida para el acceso a la Subescala y categoría a que el puesto pertenece.

Tal vez entonces la complejidad de la sociedad y de nuestro trabajo permitía este tipo de nombramientos, aunque es curioso que la evolución de la normativa haya eliminado la garantía de la posesión de la titulación. Lo que sin duda es evidente es que los tiempos han cambiado. Y los recientes casos de corrupción demuestran que puestos de trabajo de tanta trascendencia en las entidades locales no pueden desempeñarse por personal no formado para ello.

Las razones esgrimidas para contemplar esta posibilidad legal son varias. Por ejemplo, que no se puede paralizar la actividad municipal porque el/la secretario/a o el/la interventor/a se vayan de vacaciones (el caso de los/as tesoreros/as tradicionalmente ha sido diferente), o que en realidad ese nombramiento accidental es para que se realicen las funciones inaplazables, pero no todas las que conlleva el puesto.

Esto podría sostenerse en caso de nombramientos accidentales por cortos periodos de tiempo. Aunque en realidad no es lo que dice la ley, que no limita el tipo de funciones a realizar. Pero ¿y en aquellos casos en los que esos nombramientos se han prolongado durante años?

Seamos serios. Es difícil justificar la capacidad de un funcionario para el desempeño de un puesto cuyas funciones requieren conocimientos tan específicos como los propios de los puestos reservados a habilitados de carácter nacional, a no ser que en la misma corporación exista más de un habilitado de la misma subescala y categoría, o de subescala inferior en su caso.

La legislación actual nos obliga a realizar estos nombramientos ante determinadas ausencias, cuando lo cierto es que en la mayoría de casos esas sustituciones son parciales y para salvar la situación.

Por tanto, o bien las funciones se desempeñan parcialmente por funcionarios/as que se prestan a ser nombrados/as accidentalmente para no paralizar la actividad municipal, a pesar de ser conscientes de sus limitaciones en el ejercicio de esas funciones y de ceñirse a firmar lo imprescindible ante el temor de errar, o bien, se desempeñan por funcionarios/as de forma integral sin las debidas garantías, salvo contadas excepciones.

Es evidente que hay que articular algún mecanismo distinto para dar solución a ausencias temporales de los habilitados, consecuencia de bajas por enfermedad, vacaciones, etc., pero ¿un nombramiento accidental que recaiga sobre funcionario suficientemente capacitado? ¿Cómo podemos hablar de que lo esté un funcionario que no ha superado las pruebas correspondientes? ¿Acaso cualquier funcionario puede hacer nuestro trabajo? Es lo que la ley da a entender cuando ni siquiera exige una mínima titulación, experiencia ni formación para la obtención de ese nombramiento. Desconozco cuál fue la intención inicial de la ley, pero es evidente el resultado que se obtiene cuando un funcionario desempeña las funciones para las que no está capacitado, más cuando esas funciones están relacionadas con el control de legalidad.

¿Sustituye acaso la administrativa del departamento de urbanismo de un ayuntamiento al arquitecto cuando éste se va de permiso?

¿Dejarían ustedes que la enfermera de su cirujano les operara durante el periodo vacacional de éste?

No lo creo. En cualquier caso, tranquilos. La ley no lo permite.

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