17
marzo
2016

APOSTILLAS AL DICTAMEN CE SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE LOS FALHN

El Dictamen plantea un par de cuestiones interesantes, relacionadas con la nueva DA 9ª, que reconoce a los puestos reservados a FALHN la condición de “órganos” a los efectos del ejercicio electrónico de las funciones reservadas.

1. Deficiencias en cuanto a la justificación del uso de medios electrónicos:

El dictamen dice:

“Sin embargo, las únicas referencias al uso de medios electrónicos que el texto incluye son las relativas a la posible trascripción en soporte electrónico del acta de las sesiones del Pleno, la Junta de Gobierno y demás órganos colegiados de la Corporación (artículo 3.1.d)) y la posibilidad de presentar la documentación que acompaña a las solicitudes de participación en concursos por medios electrónicos (artículo 38). Se trata, por tanto, de dos menciones aisladas y parciales que, por sí solas, no pueden considerarse como "medidas para facilitar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas mediante medios electrónicos", por lo que incluir una afirmación tal en la parte expositiva puede inducir a error en cuanto al verdadero alcance de las referencias que el texto en proyecto contiene a este respecto.”

Frente a ello, se podría argumentar lo siguiente:

El uso de medios electrónicos tiene su principal reflejo en la previsión que, con carácter general, introduce el art. 36.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al disponer que “los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos”. La traslación de esta norma al ámbito local implica la necesidad de considerar órganos –a los efectos del ejercicio electrónico de las funciones reservadas- a los puestos reservados a estos funcionarios, tal y como se prevé en la Disposición Adicional 9ª. Un aspecto trascendental de estas funciones –entre muchos otros- es el relativo a la función de fe pública administrativa que implica, de acuerdo con el art. 192.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que “las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría.”

La Disposición Adicional 9ª garantiza plenamente la aplicación del artículo 36.1 de la citada Ley 39/2015 y, dados los plazos establecidos para su entrada en vigor, motiva la necesidad de aprobación del Real Decreto por sí misma, puesto que de no hacerse, se pondrá en riesgo cierto la adecuada articulación del procedimiento administrativo electrónico en todos los municipios no sujetos al régimen especial del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que atribuye expresamente la naturaleza de órgano a los puestos reservados de estos municipios.

2. En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno en funciones dicte el RD:

El Consejo de Estado dice, en su Consideración Final:

“Finalmente, el Consejo de Estado significa que resulta necesario confrontar la presente iniciativa reglamentaria con la disciplina relativa al Gobierno en funciones que recoge en su artículo 21 la Ley 5011997, de 27 de noviembre, del Gobierno. En este sentido, el expediente debe dejar constancia de que la aprobaci6n del proyecto encaja en el carácter ordinario del despacho de asuntos públicos que, en la situaci6n actual, corresponde al Gobierno o, subsidiariamente, acredite la urgencia o las razones de interés público que concurren en su aprobación.”

En este sentido, cabría argumentar que el Real Decreto encaja en el carácter ordinario del despacho de asuntos públicos que habilita al Gobierno para su aprobación. En efecto, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo nº 8303/2005, de 2 de diciembre, “… el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya”. Teniendo en cuenta que las normas del presente Real Decreto traen causa del mandato impuesto por el art. 92.bis, apartado 4, redactado conforme a la Ley 27/2013, e 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es evidente que su aprobación no introduce nuevas directrices políticas y queda, por consiguiente, dentro del ámbito de las atribuciones del Gobierno en funciones. A mayor abundamiento, cabe tener en cuenta que las modificaciones en relación con la normativa que se deroga –los Reales Decretos 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional y 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional- son las requeridas por su adaptación al mandato de la citada Ley 27/2013 y las derivadas de su necesaria adecuación a los recientes cambios legislativos, además de unificar y sistematizar las previsiones dispersas en dos normas objeto de diversas modificaciones y derogaciones parciales que hacen inexcusable su adaptación, armonización y sistematización.

César Herrero Pombo

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