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viernes, 21 de diciembre de 2018

COSITAL Valencia participa en el Congreso de Reversión de contratas públicas a la luz de la Ley de contratos del Sector Público

Los días 13 y 14 de diciembre se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia un Congreso sobre “Reversión de contratas públicas a la luz de la Ley de contratos del sector público”, organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo del centro universitario. COSITAL Valencia participó en las sesiones a través de la presencia del viceinterventor de la Junta de Gobierno del Colegio, José Luis Serrano, quien ejerció como moderador en la sesión titulada “La forma de integración del personal subrogado y sus condiciones laborales a luz de las úúltimas novedades normativas”.

A lo largo de las jornadas, diferentes expertos debatieron sobre los efectos y consecuencias a los que se enfrentan las Administraciones Públicas, cuando éstas deciden recuperar la gestión directa de servicios públicos que hasta ese momento estaban siendo prestados a través de empresas privadas mediante concesión. En este sentido, se habló especialmente de lo que respecta a la situación de los trabajadores de esas concesiones y a la obligación de subrogarlos como empleados por las entidades públicas que recuperan la gestión directa del servicio.

Sin duda, un asunto de gran actualidad y con amplia resonancia en los medios de comunicación, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Hospital de La Ribera, que ha dado lugar, entre otras cosas, a múltiples comentarios sobre el régimen de reincorporación de sus trabajadores a la Administración Autonómica.

COSITAL Valencia participó en una de las sesiones de este interesante Congreso, en concreto en la denominada “La forma de integración del personal subrogado y sus condiciones laborales a luz de las úúltimas novedades normativas”, que tuvo lugar en la jornada del viernes 14 de diciembre a las 15 horas.

En representación de COSITAL Valencia intervino el vicerrector de la Junta de Gobierno, José Luis Serrano, como moderador de la sesión, en la que intervinieron como ponentes el catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de Valèmcia, Carlos Luis Alfonso Mellado, y la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid, María de Sande Pérez – Bedmar, ambos reconocidos expertos en este ámbito en relación con el cual han publicado numerosos trabajos y estudios académicos.

De las intervenciones de los ponentes cabe destacar como conclusión fundamental que, a la luz de las actuales directivas comunitarias y de la jurisprudencia del TJUE, las entidades públicas deben asumir a estos empleados. Una obligación que deben aplicar aun asumiendo esa posible contradicción con los principios de acceso al empleo público, ya que el derecho comunitario prevalece sobre el interno en este ámbito, si bien debe buscarse la fórmula jurídica más adecuada para combinar cumplir obligaciones. Hasta ese momento, se defendió por los intervinientes que la solución “menos mala” para integrar a este personal sería hacerlo como “personal a extinguir”.

Asimismo, se reclamó la necesidad de clarificar la legislación interna existente en esta materia para adaptarse a esta situación y que todos los operadores jurídicos, incluyendo los Secretarios y los Interventores, que deben informar sobre este asunto, dispongan de mayor seguridad jurídica a la hora de desempeñar sus funciones.

Se trata de un tema que en los últimos tiempos está teniendo una importante repercusión en el trabajo de los Habilitados Nacionales, puesto que numerosas entidades locales están llevando a cabo procesos de remunicipalización de servicios. Esto hace que, en ocasiones, se traduzca en una serie de problemas relativos a la asunción de los trabajadores provenientes de las concesiones de servicios que hasta ese momento eran gestionadas por entidades privadas y pasan a ser gestionadas directamente por las locales como consecuencia de la aplicación del artículo 44 del ET, que obliga a la subrogación de dichos empleados en el supuesto de sucesión de empresas.

Esta situación, declarada en numerosas sentencias judiciales, está generando problemas, a su vez, por su posible contradicción con la obligación legal de acceder al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que en dichos casos los trabajadores se incorporarían en la práctica a la administración sin haber superado ningún tipo de proceso selectivo.