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jueves, 3 de mayo de 2018

Aportaciones de Vanesa Felip y Víctor Almonacid a la Ley de prevención de malas prácticas

La Presidenta de COSITAL Valencia, Vanesa Felip, y nuestro compañero Victor Almonacid, Vicepresidente del Consejo General de COSITAL, han comparecido en les Corts Valencianes para aportar su visión al estudio del Proyecto de Ley de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

Desde Cosital Valencia, agradecemos la invitación a estar presentes en estos momentos importantes permitendo aportar y enriquecer las posibles leyes o normas que se debatan. Y sobre todo, si hablamos de un tema que influye directamente en la actividad diaria de los habilitados nacionales así como en la lucha y prevención de las malas prácticas en la Administración Pública.

En base a ello, compartimos a continuación las aportaciones realizadas por ambos en este evento.

APORTACIONES DE LA COMPARECIENTE VANESA FELIP A LA  Ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

En el Proyecto de Ley, de la Generalitat Valenciana, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la administración de la Generalitat y su sector público instrumental, se definen, en la exposición de motivos, las malas prácticas como aquellas actuaciones de la administración que puedan propiciar el incumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia y se pone el énfasis en el control para la prevención de aquellas.

En este sentido se considera fundamental la adopción de determinadas medidas:

DSC_3310Reforzar el papel del personal funcionario. Es fundamental que se replantee la política en materia de incorporación de personal de nuevo ingreso en la administración pública. Los límites establecidos en materia de nuevas incorporaciones de personal funcionario en nuestras administraciones, también en la autonómica, está ocasionando un incremento del personal temporal que no sólo no supone un ahorro para el erario público sino que incrementa los gastos de personal respecto del personal funcionario de carrera o laboral fijo. Además invita al fraude de ley al obligar a las administraciones a cubrir necesidades estructurales con este tipo de personal así como recurriendo a contratos de servicios en el marco de la normativa de contratos del sector público. La temporalidad del personal al servicio de las administraciones supone precariedad laboral y no garantiza en la misma medida que los puestos cubiertos por personal funcionario de carrera el ejercicio de las funciones públicas con total imparcialidad, sin perjuicio de la profesionalidad de este tipo de personal. La permanencia en el puesto de trabajo del personal funcionario tiene precisamente como fundamento el ejercicio de las funciones públicas con total independencia e imparcialidad.

Es necesario que la prevención de malas prácticas se instaure también en las administraciones locales y en este sentido es esencial garantizar la cobertura de puestos de trabajo reservados a los funcionarios y las funcionarias de administración local con habilitación de carácter nacional por este tipo de funcionarias/os analizando los puestos que no están cubiertos por este tipo de personal y el tiempo que se encuentran ocupados por quienes no pertenecen a esta escala para conocer las causas de estas situaciones detrás de las cuales en ocasiones puede haber una clara intencionalidad de evitar que el personal con habilitación de carácter nacional ocupe este tipo de puestos. El personal con habilitación de carácter nacional no sólo es funcionario de carrera sino que tiene una movilidad que le dota de una mayor independencia, si cabe, que el del personal funcionario de carrera propio de la administración de que se trate.

Estas dos medidas por sí mismas suponen el refuerzo del control interno del que habla el proyecto de ley.

Es inherente al personal técnico y más al personal habilitado, por su formación y rol en el marco de las organizaciones en las que presta sus servicios, el asesoramiento al personal político en la toma de decisiones. El gobierno ideal debería poder conciliar el cumplimiento de los programas electorales en el marco de la normativa aplicable y para ello no solo es fundamental que cada actor interprete bien su papel sino que lo haga en estricta colaboración con el resto de actores. También el personal político que se encuentre en la oposición debe ejercer sus funciones con responsabilidad, lo que implica exigir el adecuado respeto a la legalidad vigente a los órganos de gobierno. Es fundamental una oposición constructiva para avanzar en una forma de gobernar responsable y eficiente.

Fomentar la comunicación, colaboración y coordinación entre departamentos dentro de la misma organización y también la planificación para poder dar cumplimiento a las funciones públicas en el marco de los principios de eficacia y eficiencia. Así como el cumplimiento de los citados principios en el marco de las relaciones entre el poder político y los/las empleados/as públicos/as. De esta forma el asesoramiento del personal empleado público al político permite anticiparse a los problemas, ofreciendo soluciones legales con la antelación necesaria para evitar improvisaciones que no siempre permiten la adopción de medidas acordes con la normativa aplicable no siempre dotada de la agilidad necesaria para una rápida respuesta a determinadas situaciones.

El proyecto de ley se refiere al sistema de provisión de los puestos del personal inspector. Debe garantizarse que además del personal inspector, el personal técnico y de apoyo sean personal funcionario de carrera, que sus retribuciones sean adecuadas al nivel de responsabilidad y demás factores del puesto de trabajo de que se trate, para garantizar que esos puestos se proveen por profesionales capacitados para el desempeño de las funciones que el proyecto de ley les atribuye. Debe preverse la dotación de medios personales y materiales necesarios para la puesta en práctica de las medidas contempladas en el proyecto de ley.

Debe señalarse que:

La administración electrónica, sin duda, es un instrumento potentísimo para erradicar determinados comportamientos. Deja rastro de todas las actuaciones realizadas y de quien las realiza y puede incluso ser una herramienta para garantizar un uso adecuado de los datos utilizados por el personal empleado público así como de las herramientas y el tiempo de trabajo, en aras a prevenir comportamientos inadecuados. Permite además una mejora en cuanto a los procedimientos administrativos, imposibilitando algunas malas prácticas al dejar constancia del momento exacto en el que se concluyen los sucesivos trámites procedimentales.

Algunas de las previsiones del proyecto de ley no hacen sino recordar el cumplimiento de disposiciones existentes, lo que no es reiterativo dada la realidad en la que vivimos.

 
APORTACIONES DEL COMPARECIENTE VÍCTOR ALMONACID A LA  Ley, de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
 

Valoramos positivamente la oportunidad de la Ley, pero debe tener en cuenta los principios de la better regulation recogidos en la Ley de procedimiento a fin de no sobrecargar con duplicidades el ordenamiento jurídico, además de ser coherente con el mismo. En este sentido se debería tener en cuenta lo establecido en otras leyes, e incluso establecer la coordinación de los mecanismos de inspección y alertas regulados en la norma que debatimos con los establecidos en el resto de normas sobre control y fiscalización de la acción política y administrativa.
   
La ley se aplica en principio a la GV y su sector instrumental. Podría valorarse su aplicación a la Administración Local, bien desde el principio o al menos en un momento posterior en el que se haya verificado la eficacia del sistema de alertas.

   
DSC_3332Debería ponerse en valor el perfil de funcionario de carrera, profesional, desde dos puntos de vista: a) que se cubran de forma correcta las plazas cuya provisión está reservada a los mismos; b) que se asegure la participación de estos funcionarios profesionales e independientes en las fases iniciales de los procedimientos y de los proyectos, integrando en su caso en los mismos trámites específicos de control previo, ya que las normas tienen establecidos, por lo general, mecanismos de control a posteriori, y una ley preventiva como la presente debería potenciar las medidas a priori. Todo ello sin solapar, como apuntábamos, lo ya establecido en otras leyes, como por ejemplo la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé estos trámites o informes en la fase de preparación de los contratos.


Entre los funcionarios aludidos en el punto anterior, se encuentran los funcionarios con habilitación de carácter nacional, Secretarios, Interventores y Tesoreros, los cuales merecen mención especial por nuestra parte por representar el paradigma de aquella profesionalidad e independencia. Se considera interesante que sean tenidos en cuenta de cara a la buena aplicación de las medidas previstas en esta Ley, máxime si finalmente se amplía su ámbito de aplicación a la Administración Local.


La ley se apoya en la cooperación y colaboración de las distintas instancias públicas, las cuales se relacionarán en todo caso por medios electrónicos, porque en todo caso lo dice la Ley de Régimen Jurídico (se echa de menos alguna mención a la misma). Sí se menciona en el Proyecto de ley que nos ocupa el uso de bases de datos, a fin de remitirlos o trabajar con ellos, por lo que se consideran imprescindibles las correspondientes alusiones legales a la citada Ley de Régimen Jurídico, a los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, y a la LOPD (ahora también en tramitación) en este último caso para el supuesto de que los datos tengan la consideración de carácter personal. Cualquier tratamiento de los mismos deberá hacerse conforme a la citada normativa. En todo caso, si entre las funciones o potestades públicas de una institución, como la Inspección General de Servicios o la Agencia Antifraude, se encuentra la de fiscalizar los actos o expedientes de otras instancias públicas, existe un deber de "puesta a disposición" de los datos (expresión más propia que la de "remisión"), conforme a la Ley de régimen jurídico y los citados Esquemas (ENS y ENI).

Las referencias a las Leyes de procedimiento y régimen jurídico (así como los Esquemas) no deberían ser las únicas alusiones a la administración electrónica, ya que del mismo modo que poníamos en valor el ejercicio de una función pública profesional e independiente, debemos hacerlo igualmente, en lo formal, con el procedimiento y el documento electrónico. La trazabilidad, el rastro electrónico y la fehaciencia temporal de los procedimientos y los certificados electrónicos son la mejor herramienta preventiva, por lo que la ley debería insistir de algún modo en el uso de este formato como "buena práctica", en cumplimiento de las leyes citadas, de procedimiento, y también como modus actuandi del quehacer administrativo, incluyendo las relaciones extraprocedimentales. Todo ello sin perjuicio de lo señalado anteriormente por lo que respecta a las relaciones interadministrativas o interinstitucionales, en cuanto a la cooperación/colaboración y puesta a disposición de datos e información, que deriven de la presente ley.