F73CAXNGYJBCAKFKKX8CA6A20IQCAPE4TW1CAVIB9OHCAL94RSECABPUQX9CAKN4X9UCA6PEV4ECAQO7QOJCA475A6XCAM1DZU8CA5H9AZ4CA47H4WLCA5O2PMRCAEJ2SMFCA0UFW2U
viernes, 28 de julio de 2017

Aprobada la Nueva Ley de Contratos de Sector Público. El siguiente paso, el Senado

Tras dos años de debate, la Comisión de Hacienda ha aprobado la Nueva Ley de Contratos del Sector Público. 20 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, las de PSOE y Unidos Podemos, han sido aval suficiente para aprobar esta nueva norma.

El Sector Público venía necesitando una nueva norma que regulase la contratación pública y que sirva de garante para actuar y evitar escándalos de corrupción tan notorios y abundantes como los que se han venido produciendo en los últimos años.

La Nueva Ley de Contratos del Sector Público pretende ser un aval de garantía de cumplimiento y una barrera contra las irregularidades. La nueva norma establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas si así lo prevén los pliegos. Además, se rebaja el importe para la adjudicación de contratos menores hasta 40.000€, (claramente insuficiente todavía para muchos analistas).

Además, se creará una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia. Entre las principales novedades de esta norma se contempla la prohibición de las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, lo que dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración pública ante proyectos fracasados, como puedan ser los casos de las autopistas radiales o el proyecto Castor.

Establece un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20% del importe contratado. Así mismo, se obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.

Las cláusulas sociales y medioambientales están presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

La ley obliga a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tiene que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella.

Además garantiza la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía. Otro aspecto es la desaparición de las instrucciones del sector público, con lo que las entidades públicas deberán someterse a la ley directamente.

Los expedientes de contratación serán públicos con la excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada. Tampoco podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares.

La nueva ley también incide en la contratación de los partidos políticos con el sector público.La directiva europea obligaba a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.

El siguiente paso para que la nueva Ley se ponga en marcha es el paso por el Senado, donde será tramitada en septiembre. Dos años ha tardado en salir a la luz esta nueva Ley que, según coinciden la mayoría de formaciones políticas, ha gozado de un consenso unánime. De hecho, el proyecto de ley recibió 1.081 enmiendas y han sido incorporadas a través de pactos cerca de 975 iniciativas.