4martillo-juez
lunes, 5 de diciembre de 2011

Importante Sentencia en defensa de las funciones reservadas

Por desgracia siempre ha habido una cierta tendencia, afortunadamente no demasiado extendida, a utilizar la calumnia y la falsa denuncia contra los funcionarios públicos que, cumpliendo estrictamente con sus funciones, participan en la formación de actos administrativos que los interesados consideran desfavorables. El caso en cuestión parte de una falsa prevaricación que afectaba a un compañero. El Colegio informó en la causa en defensa de las funciones reservadas y del compañero, y en consecuencia la Sentencia adjunta, sombreada en los aspectos más relevantes, proclama la absolución total del mismo. Enhorabuena.
Párrafos destacados: 

"...se imputa por la Acusación Particular la comisión de un delito de prevaricación de los previstos en los arts. 329, en relación con el 404 siempre del Código Penal, a SECRETARIO AYUNTAMIENTO, a la sazón Secretario Interventor del Ayuntamiento de Anna desde la fecha de apertura del Pub Álamo hasta el cese definitivo de sus funciones, siquiera compatibilizándolas con otras, el 29 de febrero de 2004. De ningún modo puede entenderse que quien ostenta el cargo y función de Secretario Interventor de la Administración Local pueda responder de acción alguna integradora del delito pretendido, en tanto que el art. 329 exige, además del elemento subjetivo y como elemento normativo, el informe favorable, el voto en determinada dirección, el silencio cómplice o injustificado o la infracción en la inspección por omisión de su realización, entre otras, como concreciones de las acciones típicas descritas en el primer párrafo del art. 329. Desde la primera declaración que se presta en este procedimiento, tanto el Sr. Secretario imputado, como el Sr. Alcalde, lamentablemente fallecido, como la conocida y contrastada legislación identificativa de la competencia que se atribuye a los funcionarios de tal clase, excluyen la intervención de aquéllos en tales funciones como las que en el presente se adoptaron con la dación de la fe pública, la emisión de las certificaciones interesadas o la redacción de resoluciones acordadas por el Sr. Alcalde o el Pleno del Ayuntamiento.

Conforme al art. 2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, la fe pública de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional comprende: La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, las Comisiones y cualquier otro órgano colegiado; la asistencia al mismo y su convocatoria, notificándola con la debida antelación; custodiar la documentación y tenerla a disposición de sus miembros; levantar acta de las sesiones y someterlas a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente; transcribirlas al libro de actas autorizado con su firma; transcribir al libro de resoluciones las de la Presidencia y de los miembros delegados; certificar actos o resoluciones y los acuerdos, antecedentes, libros y documentos; remitir a la Administración copia o, en su caso, extracto de aquéllos; anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos; autorizar actas de licitaciones, contratos y documentos administrativos; disponer publicación en la vitrina y tablón de anuncios; y llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros y el inventario de bienes de la entidad.

De igual modo, según el art. 3 del mismo Real Decreto citado, la función de asesoramiento legal preceptivo, que también se atribuye a los Sres. Secretarios, comprende: la emisión de informe previo, lo ordene el Presidente o solicite un tercio de Concejales o Diputados; emisión de informe previo en asuntos, que exijan mayoría especial; emisión de informe previo que ordene un precepto legal expreso; informar, en las sesiones y tras requerimiento expreso, de aspectos legales; y acompañar al Presidente o miembro de la Corporación en los actos de firma.

Se concluye de todo ello que los Secretarios Interventores no tienen competencia atribuida por el legislador para la instrucción, tramitación, resolución y ejecución de expedientes relacionados con actividades sujetas a denuncia medioambiental, más allá de la mera fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, caso de solicitarlo expresamente el Alcalde o un tercio de miembros de la corporación, tal como informa el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Municipal con habilitación de carácter estatal de la Provincia de Valencia, unida a las actuaciones.

Realmente lo que se advierte es un “error en el disparo”, en tanto  que las competencias del Sr. Secretario son las que son y en ningún caso podría atribuirse a su actuación la omisión o indiligencia de atención a las reiteradas denuncias. Todo ello se evidencia, no sólo por la naturaleza de los actos realizados, por el destino y respuesta  que aquellas denuncias, formuladas ante la Policía Local o la Dirección  General de Interior, habían merecido, o por la afirmación  contundente del propio Jefe de la Policía Local y otros funcionarios  del Ayuntamiento de que las denuncias se remitían directamente al Sr. Alcalde; sino porque las declaraciones de los técnicos en el acto del Juicio Oral, ratificando las que ya habían prestado en la fase de instrucción, permitían haber dirigido la exigencia de responsabilidad en dirección diferente a la que consta en el escrito de acusación formulado por la Acusación Particular.

(...)

debiendo igualmente absolver a SECRETARIO AYUNTAMIENTO del delito de prevaricación del que le acusaba la Acusación Particular".