En el Foro de Administración Electrónica de INAP SOCIAL hemos puesto esta entrada, planteando dudas en torno a la posible derogación tácita del art. 4.1 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica.

El art. 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice que 2. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

El art. 14.2 de dicha Ley 39/2015 añade que en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Por su parte, el art. 4.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público dispone que todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas;
b) Sociedades de responsabilidad limitada;
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
e) Uniones temporales de empresas;
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.
No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.

Esta norma no ha sido objeto de derogación expresa por la DD Única, apartado 2, de la Ley 39/2015.

Sin embargo, podría haber quedado afectada por el apartado 1 de dicha DDU, que dice que quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

Concretamente, ¿se entiende derogada la excepción prevista para la presentación de facturas electrónicas por importe inferior a 5.000€ para los sujetos obligados del art. 14.2 de la Ley 39/2015?

El artículo 2.2 del Código Civil dice que “las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.”

Se trataría de una derogación tácita que debería verificar los requisitos siguientes:
- Igualdad de materia en ambas leyes (en el caso presente, la obligación de relacionarse electrónicamente de los sujetos a que se refiere el art. 14.2 de la Ley 39/2015.
- Identidad de destinatarios. También se verifica ese requisito.
- Contradicción e incompatibilidad entre los fines de los preceptos. La contradicción e incompatibilidad entre los fines propuestos ha de ser absoluta, tal y como ha señalado nuestra doctrina, ya que no bastaría que ambas leyes tratasen de la misma materia si sus disposiciones pudieran conciliarse. Desde la perspectiva de la finalidad de la exención, parece que no existiría contradicción entre las previsiones del art. 4.1 de la Ley 25/2013 y el art. 4.1 de la Ley 39/2015.

En conclusión, no parece que la exención de presentar electrónicamente facturas inferiores a 5.000€ pueda entenderse derogada tácitamente.

Sin embargo, es como siempre, un tema discutible. Una interpretación que defienda la vigencia de la excepción aplicable a las facturas menores de 5000 euros ¿supone reconocer que éstas constituyen el único supuesto en nuestro actual derecho administrativo en el que se permite una relación no electrónica entre AAPP y personas jurídicas?
¿Es ese el espíritu y la finalidad del legislador de 2015? Parece que no. Si una asociación de amas de casa o un modesto club deportivo que solicita una subvención (y luego la justifica documentalmente) tiene forzosamente que relacionarse electrónicamente, y sin excepción alguna por razón de cuantía o similar ... ¿puede admitirse una excepción dirigida a entidades jurídicas en principio más capacitadas y sólo por razón del importe de la factura?
Y, además, la factura es el final de una relación contractual entre administración y empresa que en muchas ocasiones viene precedida por una relación previa (petición y remisión de ofertas económicas) que debe ser electrónica en virtud del art. 14 LPAC.

Desde este enfoque, sí existe contradicción de fines entre ambas leyes y, por tanto, podría entenderse derogada tácitamente la previsión del art. 4.1 de la Ley 25/2013.

César Herrero Pombo

Blog